Es de fundamental importancia contar con políticas y leyes en pro de las montañas a fin de proteger sus ecosistemas y apoyar a su población. Las montañas constituyen cerca de una cuarta parte de la superficie terrestre, pero pocos países han elaborado políticas específicas para atender las necesidades de estas regiones únicas y de sus habitantes. Los gobiernos suelen aplicar políticas y leyes creadas para las tierras bajas, las cuales no toman en cuenta la precariedad del medio ambiente montañoso ni las necesidades específicas, los intereses y las prioridades que tienen los habitantes de estas zonas. A fin de apoyar el desarrollo sostenible de las zonas de montaña es necesario que las políticas y las leyes se elaboren con la plena participación de la población local, y sobre la base de conocimientos sólidos e investigación.
Los pobladores de las montañas a menudo carecen de influencia política. No son urbanos, muchos son extremadamente pobres y no son suficientemente numerosos para formar una masa crítica. Además, los habitantes de las montañas se ven limitados por el aislamiento físico, las diferencias lingüísticas y por la falta de servicios de transporte y de comunicación. La responsabilidad incumbe, a fin de cuentas, a los políticos. Dado que los beneficios que conlleva una legislación eficaz a menudo no se perciben sino con el paso de los años, los políticos, cuyas funciones dependen de la aprobación inmediata de los electores, no suelen dar prioridad a las políticas y leyes específicas para las montañas.
La mayoría de los habitantes de las montañas carecen de derechos de propiedad o usufructo. En muchos casos, los recursos de las montañas están sujetos a la administración estatal o federal del gobierno. Para lograr el desarrollo sostenible de las montañas es fundamental contar con políticas y leyes que reconozcan los derechos de propiedad locales. Las comunidades de las montañas necesitan tener control sobre la toma de decisiones en materia de aprovechamiento de los recursos locales, así como recibir incentivos para su gestión.
No existe sistema o planteamiento agrícola único, válido para todas las zonas de montaña. Pero desde hace muchos años en los sistemas montañosos se aplican, a menudo con malos resultados, las técnicas de monocultivo en gran escala, concebidas para la explotación agrícola en las tierras bajas. Los medios de sustento de muchos pobladores de las montañas dependen del fomento y de la cuidadosa conservación, en pequeña escala, de los recursos. La agricultura de montaña, por ejemplo, consta de cultivos diversificados en pequeñas parcelas con microclimas únicos. Las políticas gubernamentales a favor de los agricultores de las montañas que producen una variedad de cultivos pueden contribuir a proteger la biodiversidad y a garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes de las montañas, y de las tierras bajas de todo el mundo.
En muchas comunidades de las montañas los hombres se van a la guerra o emigran a las tierras bajas en busca de trabajo. En otras, son las mujeres quienes atienden las tierras. En todas estos casos, ellas son las principales guardianas de los recursos y depositarias de los conocimientos locales. En muchas sociedades montañesas no se reconoce la importancia de la función que desempeñan las mujeres, no existen leyes que protejan sus derechos, y no se les permite ser propietarias de las tierras o participar en la planificación y gestión de los recursos. Todas las políticas y las leyes deben tomar en cuenta los temas relacionados con la equidad entre los sexos.
Uno de los principales problemas para lograr el desarrollo sostenible de las zonas de montaña consiste en llevar a cabo el ordenamiento de las cordilleras que comparten varios países. Los instrumentos jurídicos "suaves", como las declaraciones, las resoluciones y los códigos de conducta pueden ejercer cierta influencia. Sin embargo, en algunos casos hacen falta instrumentos jurídicos más "duros", a menudo bajo forma de tratados y convenios. En la Convención Internacional para la Protección de los Alpes de 1991, por ejemplo, ocho países europeos y la Comunidad Europea convinieron en compartir la responsabilidad de salvaguardar el futuro de los Alpes. Fue la primera vez que una zona montañosa quedaba comprendida, en su totalidad, dentro de un convenio internacional específico para las montañas. Muchos de los ríos que nacen en las cuencas hidrográficas de las montañas también atraviesan las fronteras. Con el crecimiento demográfico y el aumento de la demanda de agua, la gestión de estas cuencas exigirá la cooperación y la estipulación de acuerdos internacionales.
Los recursos de las montañas a menudo se subestiman o se regalan. Los gobiernos pueden ayudar a las comunidades de las montañas asignándoles un valor monetario a los recursos, asegurando así que este dinero circule dentro de la economía local. Algunos ejemplos de cobro por uso de recursos son el alquiler de tierras para centros de esparcimiento en las montañas, a un valor comercial justo, cobro de regalías por la cosecha de madera, cobro por practicar alpinismo, concesión de licencias a operadores turísticos y cobro por entrar a los parques de las montañas, asegurando así que los ingresos por concepto del turismo contribuyan a la promoción de las comunidades locales y proporcionen incentivos a los operadores turísticos para que capaciten y contraten a hombres y mujeres locales. También sería necesario establecer marcos jurídicos como un medio para compensar a las comunidades de las montañas por el usufructo de los servicios ambientales, por parte de los usuarios de las tierras bajas. La mayor parte de los principales ríos del planeta, por ejemplo, nace en las montañas. La población de las tierras bajas que aprovecha el agua de las montañas para beber, promover la industria y generar electricidad debería compensar a las comunidades de las montañas por las funciones de protección y ordenación sostenible que estos prestan a las cuencas hidrográficas. top